A la corrupción como factor que afecta al Estado y a la seguridad nacional se suma el impacto del crimen global organizado sobre la economía y la política por su capacidad de mediatizar las instituciones y la política del Estado y sobre la sociedad en su conjunto por los niveles de violencia que propicia.
El crimen organizado disfruta de una incuestionable habilidad para aprovechar las ventajas tecnológicas y de comunicación que ofrece la sociedad de la información y la nueva economía. Frente a ello se suma la falta de personal policial altamente especializado, equipamiento logístico totalmente deficiente, métodos policiales totalmente desfasados y un compromiso totalmente insuficiente del gobierno y los países que forman parte de la inmensa población de consumidores a nivel mundial quienes mediante el principio de la “responsabilidad compartida” no afrontan con seriedad esta problemática.
Son redes flexibles del crimen y las organizaciones criminales dedicadas a actividades ilícitas de tráfico de drogas, así como la corrupción, aprovechan las oportunidades que están a su alcance y disfrutan de una escala muy superior en su capacidad a las posibilidades cotidianas del Estado y específicamente, de la policía nacional. Evidenciando también una enorme capacidad para eludir las regulaciones nacionales, los vacios legales, elementos burocráticos y algunas veces engorrosos procedimientos del colaboración policial a nivel internacional.
La falta de eficacia del Estado para contrarrestar efectivamente al crimen internacional organizado afecta también su credibilidad, así como la confianza de otros países hacia él. Por otra parte, la tendencia frecuente a responder con métodos únicamente orientados a la represión, suscita desconfianza ciudadana, estableciendo comprensibles tensiones en las relaciones de vecindad, a esto se suma la falta de compromiso de la población o del ciudadano de a pie de apoyar a la policía nacional en la erradicación de este flagelo convirtiéndose muchas veces en un actor pasivo de lo que ocurre a su alrededor.
Más aun, el Estado no sólo se ve burlado desde fuera por las redes del crimen internacional, sino que éstas contribuyen a desintegrarlo desde dentro, propiciando el estallido generalizado y relativamente reciente de la política del escándalo, lo que sugiere que el crimen organizado global acecha al mundo de la política y de los medios de comunicación en distintos países, quedando demostrada esta afirmación con las investigaciones realizadas por la policía nacional del perú en el caso que investiga al ciudadano peruano Fernando Zevallos Gonzales por tráfico de drogas y lavado de activo en donde estuvieron comprometidos muchos políticos o el mar reciente caso suscitado con la parlamentaria Nancy Obregón Peralta que tuvo entre sus asesores a Max Caller Valdez una persona que conspiraba contra el país y se coludía con otros traficantes de droga pese a haber sido funcionario público.
Una de las manifestaciones más perniciosas del crimen internacional organizado en el espacio peruano es el referido al problema mundial de las drogas, tanto por sus efectos sociales, económicos y ambientales, como por sus graves consecuencias en la gobernabilidad y la institucionalidad democrática. El negocio ilícito de las drogas representa un valor total en el mundo de 322 mil millones de dólares, 70 mil de los cuales se estima corresponden a la cocaína. Ello hace posible corromper autoridades, jueces y empresarios, y provee ingentes recursos para la investigación asociada al incremento de la productividad y la logística del narcotráfico.
El tráfico de drogas ilícitas también introduce distorsiones en la base productiva de cada país y por su escala de ganancias, alimenta y financia a grupos terroristas, promueve el tráfico de armas y genera problemas de salud pública. Con todo ello afecta sustantivamente la seguridad nacional.
Pero este fenómeno adquiere en el caso peruano cierta peculiaridad que lo sitúa más allá de una simple confrontación entre fuerza pública y narcotráfico, toda vez que involucra a un elevado número de campesinos que mediante el cultivo de la ancestral hoja de coca buscan las oportunidades de incorporación a la economía lo que el mercado no les está proporcionando.
Lo dicho en los párrafos precedentes evidencia la naturaleza intrínsecamente nacional del esfuerzo que debe desplegarse en torno al fenómeno mundial de la droga, pero este esfuerzo será insuficiente si no se integra en una aproximación regional y mundial concertada que le otorgue la consistencia indispensable.
Según las Naciones Unidas, la tendencia mundial hacia una menor producción de cocaína se vio interrumpida el año pasado al incrementarse el área de cultivo de hoja de coca en el Perú y Bolivia y aunque el incremento total de área no ha sido significativo (aproximadamente 2%), sí lo fue el cambio en la tendencia positiva global que hasta entonces se venía registrando, lo cual podría proyectar escenarios futuros decididamente desfavorables.
Pero el incremento de las áreas de cultivo no es un fenómeno espontáneo. Por el contrario, guarda estrecha relación con la reducción que se viene produciendo en Colombia, a consecuencia de los programas de erradicación y represión impulsadas por las autoridades de ese país con el respaldo de los Estados Unidos (Plan Colombia). Ello demuestra una vez más la necesidad de un enfoque integrado que permita superar la dispersión contradictoria que suponen políticas exclusivamente nacionales.
Pero frente a la situación descrita subsiste la tendencia a la fragmentación en el enfoque regional, principalmente como resultado de la debilidad política de cada una de las entidades nacionales responsables de la coordinación de la lucha contra el tráfico de drogas y paradójicamente, de la gravitante presencia de los Estados Unidos en asistir a la ejecución de los planes nacionales respectivos. Este fenómeno se relaciona con la escasez de recursos disponibles en los respectivos presupuestos nacionales lo que conduce a privilegiar en las agendas las actividades con donantes, cuando no a subordinarlas a sus propias prioridades.
No obstante, tanto en el ámbito hemisférico que representa la OEA y, en este caso, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) como en el marco andino, se llevan a cabo meritorios esfuerzos. En los primeros, sin embargo, es gravitante la presencia directa de los Estados Unidos y el esfuerzo multilateral no ha sido suficiente para sustituir las desequilibradas relaciones bilaterales.
Pero la debilidad de las coordinaciones nacionales tiene otras expresiones que también expresan fragmentación esta vez nacional y que resultan perjudiciales para la coordinación regional e internacional. Estas instituciones pocas veces alcanzan a conocer las acciones que desarrollan otras entidades nacionales con responsabilidad en la materia, como pueden ser la policía, las fuerzas armadas, los ministerios de salud, educación u otros.
Más aun, se presentan casos en los cuales la pugna sectorial por los recursos disponibles generalmente provenientes de la cooperación internacional resta eficacia a las acciones que cada sector emprende y los enfrenta en el empeño de obtener mayores niveles de asignación. Todo ello, además, afecta la indispensable confianza entre las instituciones nacionales respectivas.
El crimen organizado disfruta de una incuestionable habilidad para aprovechar las ventajas tecnológicas y de comunicación que ofrece la sociedad de la información y la nueva economía. Frente a ello se suma la falta de personal policial altamente especializado, equipamiento logístico totalmente deficiente, métodos policiales totalmente desfasados y un compromiso totalmente insuficiente del gobierno y los países que forman parte de la inmensa población de consumidores a nivel mundial quienes mediante el principio de la “responsabilidad compartida” no afrontan con seriedad esta problemática.
Son redes flexibles del crimen y las organizaciones criminales dedicadas a actividades ilícitas de tráfico de drogas, así como la corrupción, aprovechan las oportunidades que están a su alcance y disfrutan de una escala muy superior en su capacidad a las posibilidades cotidianas del Estado y específicamente, de la policía nacional. Evidenciando también una enorme capacidad para eludir las regulaciones nacionales, los vacios legales, elementos burocráticos y algunas veces engorrosos procedimientos del colaboración policial a nivel internacional.
La falta de eficacia del Estado para contrarrestar efectivamente al crimen internacional organizado afecta también su credibilidad, así como la confianza de otros países hacia él. Por otra parte, la tendencia frecuente a responder con métodos únicamente orientados a la represión, suscita desconfianza ciudadana, estableciendo comprensibles tensiones en las relaciones de vecindad, a esto se suma la falta de compromiso de la población o del ciudadano de a pie de apoyar a la policía nacional en la erradicación de este flagelo convirtiéndose muchas veces en un actor pasivo de lo que ocurre a su alrededor.
Más aun, el Estado no sólo se ve burlado desde fuera por las redes del crimen internacional, sino que éstas contribuyen a desintegrarlo desde dentro, propiciando el estallido generalizado y relativamente reciente de la política del escándalo, lo que sugiere que el crimen organizado global acecha al mundo de la política y de los medios de comunicación en distintos países, quedando demostrada esta afirmación con las investigaciones realizadas por la policía nacional del perú en el caso que investiga al ciudadano peruano Fernando Zevallos Gonzales por tráfico de drogas y lavado de activo en donde estuvieron comprometidos muchos políticos o el mar reciente caso suscitado con la parlamentaria Nancy Obregón Peralta que tuvo entre sus asesores a Max Caller Valdez una persona que conspiraba contra el país y se coludía con otros traficantes de droga pese a haber sido funcionario público.
Una de las manifestaciones más perniciosas del crimen internacional organizado en el espacio peruano es el referido al problema mundial de las drogas, tanto por sus efectos sociales, económicos y ambientales, como por sus graves consecuencias en la gobernabilidad y la institucionalidad democrática. El negocio ilícito de las drogas representa un valor total en el mundo de 322 mil millones de dólares, 70 mil de los cuales se estima corresponden a la cocaína. Ello hace posible corromper autoridades, jueces y empresarios, y provee ingentes recursos para la investigación asociada al incremento de la productividad y la logística del narcotráfico.
El tráfico de drogas ilícitas también introduce distorsiones en la base productiva de cada país y por su escala de ganancias, alimenta y financia a grupos terroristas, promueve el tráfico de armas y genera problemas de salud pública. Con todo ello afecta sustantivamente la seguridad nacional.
Pero este fenómeno adquiere en el caso peruano cierta peculiaridad que lo sitúa más allá de una simple confrontación entre fuerza pública y narcotráfico, toda vez que involucra a un elevado número de campesinos que mediante el cultivo de la ancestral hoja de coca buscan las oportunidades de incorporación a la economía lo que el mercado no les está proporcionando.
Lo dicho en los párrafos precedentes evidencia la naturaleza intrínsecamente nacional del esfuerzo que debe desplegarse en torno al fenómeno mundial de la droga, pero este esfuerzo será insuficiente si no se integra en una aproximación regional y mundial concertada que le otorgue la consistencia indispensable.
Según las Naciones Unidas, la tendencia mundial hacia una menor producción de cocaína se vio interrumpida el año pasado al incrementarse el área de cultivo de hoja de coca en el Perú y Bolivia y aunque el incremento total de área no ha sido significativo (aproximadamente 2%), sí lo fue el cambio en la tendencia positiva global que hasta entonces se venía registrando, lo cual podría proyectar escenarios futuros decididamente desfavorables.
Pero el incremento de las áreas de cultivo no es un fenómeno espontáneo. Por el contrario, guarda estrecha relación con la reducción que se viene produciendo en Colombia, a consecuencia de los programas de erradicación y represión impulsadas por las autoridades de ese país con el respaldo de los Estados Unidos (Plan Colombia). Ello demuestra una vez más la necesidad de un enfoque integrado que permita superar la dispersión contradictoria que suponen políticas exclusivamente nacionales.
Pero frente a la situación descrita subsiste la tendencia a la fragmentación en el enfoque regional, principalmente como resultado de la debilidad política de cada una de las entidades nacionales responsables de la coordinación de la lucha contra el tráfico de drogas y paradójicamente, de la gravitante presencia de los Estados Unidos en asistir a la ejecución de los planes nacionales respectivos. Este fenómeno se relaciona con la escasez de recursos disponibles en los respectivos presupuestos nacionales lo que conduce a privilegiar en las agendas las actividades con donantes, cuando no a subordinarlas a sus propias prioridades.
No obstante, tanto en el ámbito hemisférico que representa la OEA y, en este caso, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) como en el marco andino, se llevan a cabo meritorios esfuerzos. En los primeros, sin embargo, es gravitante la presencia directa de los Estados Unidos y el esfuerzo multilateral no ha sido suficiente para sustituir las desequilibradas relaciones bilaterales.
Pero la debilidad de las coordinaciones nacionales tiene otras expresiones que también expresan fragmentación esta vez nacional y que resultan perjudiciales para la coordinación regional e internacional. Estas instituciones pocas veces alcanzan a conocer las acciones que desarrollan otras entidades nacionales con responsabilidad en la materia, como pueden ser la policía, las fuerzas armadas, los ministerios de salud, educación u otros.
Más aun, se presentan casos en los cuales la pugna sectorial por los recursos disponibles generalmente provenientes de la cooperación internacional resta eficacia a las acciones que cada sector emprende y los enfrenta en el empeño de obtener mayores niveles de asignación. Todo ello, además, afecta la indispensable confianza entre las instituciones nacionales respectivas.
